Por aquellos días era común escuchar en Huamanga una versión que aterrorizaba a los ayacuchanos: en Cabitos se construían hornos para quemar los cuerpos sin vida de los  detenidos acusados de formar parte de Sendero Luminoso.

 

Los domingos al mediodía, los militares de Los Cabitos se dirigían a la Plaza Sucre para realizar el acto protocolar del izado de la bandera. Un día, según cuenta Adelina, “cuando en el cuartel no había nadie”, un grupo de señoras ingresó al fortín a las 11 de la mañana y confirmó los rumores: subieron a una torre y descubrieron que en la depresión colindante al local castrense había cenizas y restos humanos. Denunciaron estos hechos ante las autoridades, pero estas las llamaron “mentirosas”.

 

No se tiene información precisa sobre el número de detenidos en Los Cabitos durante esos años. No se sabe cuántos lograron salir con vida ni cuántos fueron asesinados. Según se menciona en el proyecto Human Rights Trials in Peru (rightsperu.net), de las investigadoras Jo-Marie Burt (estadounidense) y María Rodríguez (peruana), el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público (IML) calcula que los restos de al menos mil personas habrían sido escondidos debajo de los terrenos del cuartel.

 

“Esto hace de Los Cabitos un caso complejo”, advierte Franco Mora. Si no se sabe cuántos fueron llevados a este lugar, mucho menos se sabe de sus identidades. La única fuente que podría ayudar a esclarecer esta última interrogante es el Ministerio de Defensa, que debe conservar los registros completos de las personas que fueron detenidas en el cuartel ayacuchano. Lamentablemente, tanto esta institución como el Ministerio del Interior se han negado a colaborar en las investigaciones de este caso.

 

Pero hay otro factor que hace aún más compleja la labor de identificación de los restos: muchos detenidos en Cabitos fueron llevados a otros cuarteles del Ejército. “En el juicio por este caso se demostró que hubo detenidos que fueron trasladados de una base militar a otra en Ayacucho y Huancavelica. Por ejemplo, gente que había sido detenida en Totos fue llevada a Cabitos, y gente de Cabitos fue llevada a Totos y asesinada allí. Es bien complicado, no hay información completa”, precisa Mora.

 

La única posibilidad de identificar a una persona es por análisis de ADN, asegura el arqueólogo. Por ello no ayuda mucho la comparación de una persona cuando estaba viva y de cuando supuestamente fue encontrada, así como la identificación de prendas que pudieran hacer los deudos. “Se sabe que en la base militar los interrogaron, los torturaron y los desnudaron. No sería extraño que esas prendas luego fueran utilizadas por otras víctimas”, detalla.

 

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Las pesquisas forenses comenzaron en 2005 tanto en fosas individuales como colectivas. De los 109 restos hallados, 58 están completos, mientras que los demás son solo partes: fémures, mandíbulas y cráneos. Se hicieron análisis de ADN con el objeto de comparar las muestras de estos restos con la saliva de personas que aseguran que sus familiares fueron llevados a Los Cabitos. 475 muestras fueron comparadas con los restos hallados. Uno por uno. Al final los análisis solo permitieron identificar a tres personas. “Pero nuestro trabajo no acaba ahí, vamos a seguir recogiendo muestras”, ratifica Mora.

 

Hay solo un procedimiento válido para establecer la identidad de estos restos: compararlos con el ADN de otras personas, pero es probable que muchos de los cuerpos desenterrados en Los Cabitos no logren ser identificados debido a que sus familiares ya fallecieron o porque el fuego liquidó el ADN. Sin nadie que los reclame, se quedarán olvidados en una caja.

 

Muchos detenidos en Los Cabitos recuperaban su libertad quince días después. Pero Zósimo nunca regresó. O, mejor dicho, nunca lo devolvieron. Adelina y Zósimo vivían en una quinta de Huamanga. Cuando se lo llevaron solo alegaron que le iban a hacer unas preguntas. Horas después un militar le confirmó a Adelina que su esposo se encontraba allí y que debía esperar.

 

“Yo sé que él está ahí, aunque sea en cenizas, pero está ahí”, insiste.

 

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En 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) logró establecer que por lo menos 136 ciudadanos fueron víctimas de abusos en el cuartel Los Cabitos, desde detenciones arbitrarias hasta ejecuciones y desapariciones. En su Informe Final, en el capítulo referido a Los Cabitos, asegura que el destacamento del Ejército “tenía una estructura jerarquizada rígida por su condición militar”, por lo que “resulta evidente que los altos mandos de la citada instalación […] han tenido el dominio y control de los actos violatorios a los derechos humanos”.

La historia negra de Los Cabitos empezó el 21 de octubre de 1981, cuando el entonces presidente Fernando Belaúnde Terry decretó el estado de emergencia en cinco provincias de Ayacucho. Los Cabitos, ubicado en su capital Huamanga, era el fortín militar más importante de este departamento; su papel en la lucha antisubversiva era fundamental. Ante las denuncias de familiares, respaldadas por miembros del Congreso, e incluso el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien visitó Ayacucho en 1984, los jefes políticos-militares de esta región eran relevados frecuentemente. En diciembre de 1982 fue nombrado el general EP Roberto Clemente Noel Moral,  y poco más de un año después, en 1984, lo reemplazó el general EP Adrián Huamán Centeno. Este último  no duraría mucho tiempo en el puesto y sería remplazado por el general EP Wilfredo Mori Orzo.

 

Según las conclusiones de la CVR, los mandos militares de Los Cabitos “ordenaron, permitieron o cometieron violaciones de los derechos humanos de la población local”.